Gobierno, gringos y Cortes defienden a desplazados

El miércoles pasado la Corte Constitucional tomó una decisión clave: decretó una medida cautelar para impedir el lanzamiento de la comunidad afrocolombiana de Caracolí, territorio colectivo de Curvaradó, en el Urabá chocoano, que había sido ordenado hace un par de semanas por Ercilia González Moreno, jueza promiscua de Riosucio, Chocó.
Esta comunidad, que fue desplazada por los paramilitares en 1997, ya estaba protegida con Medidas Provisionales. En agosto de 2007, 27 familias, regresaron a sus tierras que durante sus 10 años de desplazamiento forzoso, habían sido ocupadas por la empresa La Tukeka, de la familia de Claudia Angela Argote de Romero, conocidos en la zona como "Los Guajiros".
Lo interesante en este caso es que se movilizaron a favor de estas familias desde el Embajador de E.U. hasta el Ministro del Interior. De hecho, fue el Ministerio el que le solicitó a la Corte que inteviniera. La Corte no sólo suspendió la diligencia de lanzamiento sino que le ordenó a las autoridades locales decidir otras medidas adecuadas de protección. Estos desplazados no sabían que tenían una vara tan alta.