La decisión que tumbó la Corte es una sentencia del Consejo de Estado que obligaba a la Nación a pagar cerca de medio billón de pesos, 240 mil millones de capital y 300 mil millones de intereses, a los accionistas del desaparecido Banco Granahorrar. La Corte Constitucional encontró que la demanda por supuestos perjuicios que entablaron los accionistas del banco era ilegal porque no fue presentada veinte meses después de los términos que fija la Ley.
La decisión que tumbó la Corte Constitucional es del Consejo de Estado y por eso Fajardo, el Presidente de ese tribunal, tomó la decisión de interponer una nulidad, para defender la decisión que tomaron sus colegas. Sin embargo, con la sentencia de la Corte Constitucional, que además fue unánime, el ahorro a la Nación es inmenso, por lo que la solicitud de Fajardo le podría salir cara al país.
