El Alto Tribunal les ordenó a la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Procurador, el Defensor del Pueblo y la Policía garantizar la seguridad de tres de los familiares de los funcionarios asesinados que tienen medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, la tutela no es reciente sino que fue emitida desde el 28 de julio de 2011, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.
Lo que pasa es que ninguna de las entidades a las que la Corte les dio órdenes precisas ha cumplido. Ni la Fiscalía ha vinculado a quienes interpusieron la tutela ni a su núcleo familiar dentro del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas; ni el Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior hna hecho algo por las personas amenazadas; ni la Cancillería ha hecho algo para que se cumplan las órdenes de la CIDH y tampoco la Procuraduría ha tomado medidas para que se cumpla la sentencia.
